Ante el fallo de la Corte en relación con el tema de la tarifa de gas, saludamos el rechazo a este salvaje aumento que recae sobre el bolsillo de los usuarios. A su vez, remarcamos la importancia de que se convoque a una audiencia pública y que se apunte a que la misma sea vinculante y no una simple pantomima de democracia.
Todo país que quiera desarrollarse debe garantizar alimentos, energía y transporte accesible a su pueblo. Todos los países del mundo destinan recursos públicos en ese sentido. Los subsidios pueden ser utilizados como formas de transferencia directa de recursos de los ricos a los pobres. Con el dinero que se recauda de impuestos como retenciones, ganancias o bienes personales se subsidia los servicios públicos para que los trabajadores puedan destinar dinero a consumo, ocio, transporte y alimentación. En este tiempo se redujeron los impuestos a los ricos y se le aumentaron a los pobres; disminuyeron las retenciones al agro y se eliminaron las de la minería, mientras que se aumentó lo que el pueblo trabajador destina a servicios básicos y alimentos. Esto constituye una transferencia de recursos fuertemente regresiva y no un ahorro fiscal, perversamente llamado "sinceramiento", como se argumenta desde el gobierno.
Seguimos manteniendo empresas concesionarias ineficientes. L a transferencia de recursos que antes garantizaba el Estado por la vía de los subsidios, ahora el gobierno pretende que la garanticen los trabajadores con su salario. De esta manera, mientras en otros países (EE.UU., Canadá, Chile, por poner algún ejemplo) se destina alrededor del 2% al 3% del salario a servicios públicos, en Argentina destinamos alrededor de un 13%, 5 veces más. Estas empresas deben rendir cuentas por todo el dinero que recibieron durante estos años, y por la actual crisis de suministro a la que nos llevaron.
Estamos pagando sobreprecios por el gas y el petróleo que consumimos. Mientras el costo real de extracción, según la Fundación Bariloche, ronda U$S1,9 por millón de BTU, las empresas productoras pasaron de recibir U$S2,5 a entre U$S5,2 y U$S7,5 con el nuevo esquema tarifario. Esto lo que demuestra es que más que un tarifazo es una nueva estafa a los trabajadores argentinos.
Por todo esto, hoy más que nunca reclamamos el cese de las concesiones y reformular seriamente el sistema energético según nuestros inetereses y no de un privado que no trabaja para beneficio de la mayoría que somos el pueblo trabajador.
Movimiento Emancipador
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